Autor Tema: La justicia europea juzga ilegal la norma de conservación de datos  (Leído 1863 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado Sierra Oscar

  • Constante
  • ********
  • :
  • - Has dado: 3986
  • - Has recibido: 5050
  • Mensajes: 2.641
  • es
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/08/actualidad/1396947340_233697.html


La justicia europea juzga ilegal la norma de conservación de datos
El alto tribunal de la UE mantiene que la directiva que obliga a las compañías telefónicas a guardar información de ciudadanos durante dos años atenta contra los derechos fundamentales

Retener los detalles de todas las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos europeos hasta un máximo de dos años atenta contra los derechos fundamentales. El Tribunal de Justicia europeo ha tumbado la directiva comunitaria que desde 2006 obliga a las telefónicas y otras empresas de comunicaciones electrónicas a almacenar los datos personales de los ciudadanos por motivos de seguridad. La Comisión Europea ve así anulado el texto porque constituye “una injerencia de gran magnitud y especial gravedad en los derechos fundamentales” que no se limita “a lo estrictamente necesario”.

El tribunal con sede en Luxemburgo emplea una dura argumentación jurídica para desmontar una norma considerada abusiva desde su creación. Al calor de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid –y posteriormente los de julio de 2005 en Londres-, Bruselas legisló para que esas compañías conservaran los datos de las comunicaciones y los pusieran a disposición de las autoridades nacionales para que rastrearan eventuales amenazas terroristas.
más información

Pese a la rotundidad del juicio, las consecuencias resultan muy ambiguas y, en cierta forma, contradictorias con el espíritu del pronunciamiento de Luxemburgo. Fuentes comunitarias aclaran que la sentencia invalida la directiva europea, pero no las leyes nacionales que se elaboraron para aplicarla. Es decir, los Estados miembros pueden seguir manteniendo su esquema legal de almacenamiento de datos hasta que la Comisión Europea decida hacer otra directiva ajustada al derecho comunitario o hasta que los juzgados de cada país declaren ilegales las normas internas a la luz del fallo del tribunal.

El primer supuesto es improbable a poco más de un mes de las elecciones europeas y con una Comisión sin capacidad ya para plantear nuevas iniciativas. La segunda requiere que ciudadanos o empresas se dirijan a la justicia de sus países para desterrar los marcos nacionales. Esta es la opción más fácil, pues muchas empresas de telecomunicaciones estarán interesadas en revocar la ley para librarse de los costes que supone conservar durante tanto tiempo los detalles de las llamadas. También las asociaciones de consumidores.

La sentencia europea plantea objeciones a todos los elementos de esa norma. El documento señala que los datos almacenados (emisor y receptor de la llamada, localización, duración, fecha y hora, equipo utilizado…) ofrecen indicaciones muy precisas sobre la vida de los ciudadanos. “La directiva se inmiscuye de manera especialmente grave en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos de carácter personal”.

Bruselas aprobó la norma al calor del 11-M y los atentados de Londres

El tribunal rechaza también que esa obligación abarque todas las comunicaciones, “sin que se establezca ninguna diferenciación, limitación o excepción en función del objetivo de lucha contra los delitos graves”. Y critica la falta de definición de las causas que pueden llevar a las autoridades nacionales a acceder a los datos, que además no están sometidos al control previo de un organismo autónomo.

Tampoco es conforme a derecho el plazo fijado por la directiva para retener los detalles de esas comunicaciones. Se fija una horquilla entre seis y 24 meses, sin que haya una distinción por tipo de delito ni otros “criterios objetivos” que garanticen que esa conservación se limita a lo estrictamente necesario.

Más allá de la ambigüedad en la regulación, el tribunal se queja de que la directiva no previene los riesgos de abuso en el acceso a esos datos ni contra la utilización por parte de terceros. Ni siquiera se garantiza la destrucción de los datos cuando culmina el periodo legal de retención. Por último, la sentencia censura que no sea obligatorio conservar los detalles de esas comunicaciones en territorio de la Unión Europea. Es decir, resulta más fácil que el almacenamiento escape al derecho comunitario si se realiza en servidores, por ejemplo, estadounidenses.

El tribunal también se queja de que la norma no previene el riesgo de abuso

La sentencia refleja el celo que existe en la Unión Europea a la privacidad de las comunicaciones, una postura recientemente reflejada en la controversia por la revelación de los papeles de Edward Snowden. Inspiradas en las normas antiterroristas que surgieron en Estados Unidos tras los atentados del 11-S, Europa decidió endurecer sus normas sobre el control de las comunicaciones cuando sufrió el golpe de los atentados de radicales islamistas. Numerosas voces han clamado desde entonces contra unas reglas que violaban el derecho a la privacidad, aunque hasta ahora Bruselas no ha accedido a cambiarlas.

El pronunciamiento del tribunal europeo se produce a raíz de una consulta que le plantearon los tribunal superiores de justicia irlandés y austriaco para saber si las medidas de sus respectivos países respetaban el derecho a la vida privada. Ambos organismos decidieron preguntar a Luxemburgo, que con su sentencia invalida ahora un marco que ha estado vigente ocho años.

Digital Rights, la asociación que denunció la norma irlandesa ante la justicia de ese país, se felicita del fallo. “Después de ocho años, esta afrenta a los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos ha sido finalmente declarada ilegal. Ocho años de abusos de datos personales y ocho años de reafirmación de los Estados miembros y de la Comisión diciendo que la medida era legal”, asegura Joe McNamee, director de esta organización de defensa del consumidor en el mundo digital.

Desconectado riman

  • Asiduo
  • *****
  • :
  • - Has dado: 531
  • - Has recibido: 724
  • Mensajes: 408
  • es
Pues existe y la mantienen actualizada a toda costa, una base de datos ILEGAL, que le han puesto un nombre y no la quieren nombrar por el, con datos ILEGALES de todos los militares, al menos el el ET.

Ver para creer, un saludo
La diferencia entre una democracia y una dictadura es que en una democracia, primero votas y después recibes órdenes. En una dictadura no tienes que perder el tiempo votando.
Charles Bukowski

Desconectado MACHAKA

  • Permanente
  • *********
  • :
  • - Has dado: 0
  • - Has recibido: 0
  • Mensajes: 7.237
  • 00
Pues existe y la mantienen actualizada a toda costa, una base de datos ILEGAL, que le han puesto un nombre y no la quieren nombrar por el, con datos ILEGALES de todos los militares, al menos el el ET.

Ver para creer, un saludo

Y tanto que existe y siguen figurando anotadas sanciones que incluso un juez dice que se elimine.

CONTENCIOSO-DISCIPLINaRIOS MILITaRES
Cód. Informático: 2014007089.
El Tribunal Militar Territorial Quinto, de Santa Cruz de Tenerife ha dictado sentencia de fecha 27 de febrero de 2014, ya firme, en el recurso contencioso-disciplinario militar ordinario n.º 7/2013, promovido por el Comandante del Ejército de Tierra DON XXXXXXXXXXXXXXX, cuya parte dispositiva dice:
FallaMOS
«Que debemos admitir y admitimos a trámite el presente recurso contencioso- disciplinario militar ordinario núm. 07/2013, y debemos estimar y estimamos la demanda deducida por el actor, Comandante (ET), DON XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, contra la resolución sancionadora de 12 de junio de 2013, por la que se le impuso la sanción disciplinaria leve, de DOS DíaS DE arrESTO, a cumplir en domicilio, por el Sr. Comandante, Jefe de la Unidad técnica de mantenimiento, del BHELMA VI, como autor responsable de una falta leve disciplinaria de las previstas en el artículo 07, apartado 01 rDM, que resultó ratificada en vía disciplinaria al desestimarse –el 15 de julio de 2013– el recurso de alzada interpuesto, las cuales declaramos nulas y rescindimos por haber vulnerado el principio constitucional de legalidad, en su vertiente de tipicidad, por no ser los hechos constitutivos de la infracción imputada, ni de ninguna otra, apreciando asimismo la existencia de quebranto del derecho de defensa, por lo que deberá hacerse desaparecer de la documentación militar del recurrente la anotación correspondiente a la sanción que se anula, así como cualquier atisbo de su existencia. así mismo, no efectuamos pronunciamiento alguno respecto de la existencia de daños y perjuicios, ni sobre su contingente indemnización.»

Esto no se cumple señores y es una ilegalidad que hay que denunciar.

Desconectado tempus fugit

  • Constante
  • ********
  • :
  • - Has dado: 758
  • - Has recibido: 2401
  • Mensajes: 4.646
  • ec
  • "Verba volant, scripta manent"
Es que las tradiciones son dificiles de cambiar

Citar
Desde su creación en julio de 1977, el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), heredó de su predecesor, el Servicio Central de Documentación (SECED), una operación permanente impropia de un régimen democrático que, no obstante, se mantuvo supuestamente viva después de aprobarse la vigente Constitución de 1978. Su nombre en clave, ciertamente apropiado, era “Jano”, el dios bifronte etrusco que miraba en direcciones opuestas: con una cara observaba el pasado viendo todo lo sucedido en el mundo y con la otra oteaba el futuro, siendo capaz de predecir lo pendiente de suceder. Estas dos facultades le otorgaban poder para actuar con gran sabiduría en el tiempo presente.

La fuerza demoledora del “Plan Jano” radicaba en la existencia y permanente actualización de un archivo secreto que contenía información muy detallada de toda persona que tuviera, o pudiera tener, alguna relevancia futura en el campo político, económico, social, militar, universitario, diplomático, etc. Según José Ignacio San Martín, director general jefe del SECED, se trataba de un fichero completísimo de personalidades del régimen y de la oposición, así como de líderes de opinión y representante de los denominados “grupos de presión”. Es decir, “una radiografía biográfica de las personas más sobresalientes de ‘todos los colores’ de todas las provincias españolas”. En el momento de su traspaso al CESID, se trataba de una base documental compuesta por unas diez mil fichas tabuladas y “mecanizadas”, prácticamente al 90 por 100 de su nivel óptimo.
Todos queremos que el mundo cambie, pero no cambiamos antes el nuestro.
Y ¿cómo esperamos que cambie si nosotros no hacemos nada por ello?
Jose Saramago