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Bildu, Loyola, la ministra, el JEMAD y los jubilados del whatshasap.

Finalmente, los Presupuestos Generales del Estado han sido aprobados con un importante apoyo de los grupos parlamentarios, incluido el que propone un Plan de exhumación de fosas justificado en:

“Se considera necesario que el Ejército español, responsable en buena parte de los asesinatos de republicanos que están todavía hoy abandonados en cunetas, debe implicarse en la recuperación de estos cuerpos. En tal sentido, se plantea que se financien los planes autonómicos de dichas exhumaciones.”

Volviendo a los presupuestos, no deja de ser llamativo que varios partidos de la oposición, a solicitud de las asociaciones profesionales, propusieran enmiendas para eliminar la discriminación retributiva del personal en reserva al cumplir 63 años, el Gobierno lo rechazara, y días después lo aprobara en el Consejo de Ministros con los correspondientes efectos sobre el presupuesto de 2021.

El único hecho conocido y público entre la negativa del Gobierno y la aprobación en el Consejo de Ministros es el anuncio del abandono/expulsión del Ejército de Tierra del Acuartelamiento de Loyola de San Sebastián tras las negociaciones con un grupo parlamentario. Luego han venido matizaciones sobre esa expulsión, convirtiéndose en un posible traslado a los terrenos de la Hípica en la misma población. Ya veremos, pero la postura adoptada por la ministra Robles ha sido muy criticada por los medios de comunicación y colectivos que hasta entonces hacían la ola con su presencia.

En todo este tinglado -apoyo independentista a presupuestos y posible expulsión de San Sebastián del Ejército- aparece una carta y un chat de jubilados que fueron militares o militares retirados, como dice la fracasada Ley de la carrera militar. Conviene recordar que los jubilados recuperan todos sus derechos, no tienen la condición militar y, por tanto, no están sujetos a las leyes penales y disciplinarias militares.
Con la excusa de la carta algunos partidos meten en el ajo a SM el Rey y con la difusión del chat los medios de comunicación traen a la opinión pública “fusilamientos”, “ruido de sables” y “golpe de estado”. La ministra y las asociaciones profesionales se posicionan claramente, esos jubilados no representan a las Fuerzas Armadas.

Las tornas dan la vuelta, la ministra Robles pasa de ser el blanco de las críticas a recibir el apoyo general -como no puede ser de otra forma- ante las opiniones personales de los ancianos. Más aún, la ministra ha solicitado la intervención a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por si los hechos reflejados en ese chat fueran constitutivos de delito. Esa solicitud que no hizo meses antes cuando un concejal de la CUP animó en Twitter a escupir y toser en la cara a los militares desplegados en Cataluña por el coronavirus.

La guinda nos la trae el JEMAD haciendo gala de un desconocimiento, intencionado o no, de los derechos del militar en activo y reserva. El máximo responsable militar ignora que el Tribunal Supremo sentenció que los militares pueden – ya lo han hecho y lo volverán a hacer- manifestarse para reivindicar derechos profesionales, económicos y sociales.

Los miembros de las Fuerzas Armadas tienen problemas más importantes que cartas y chats privados de aquellos que han perdido su condición de militar. El eco mediático de estos asuntos resulta excesivo y quizás interesado: carrera y retribuciones dignas ¡Ya!