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Carta remitida al Senado

Sr. Diputado,

La disposición final duodécima LODDFAS 9/2011 ordenaba la modificación de la llamada Ley de la Carrera. Fuera de plazo, la Comisión de Defensa emitió dictamen previo al proyecto de ley, demostrando su incapacidad para abordar ninguno de los temas espinosos. El Ministerio de Defensa redactó el borrador de la modificación a tramitar siguiendo los principios de autismo a los problemas de los militares que le caracteriza. En su trámite parlamentario, el pasado mes de junio la Comisión de Defensa aprobó un texto que no aborda en profundidad ninguno de los agravios y crea nuevos.

Se ha dicho en el Congreso que la tramitación de esta Ley y la consideración que desde el Ministerio se da a la carrera militar, denota el marcado desinterés y enorme desidia. La evidencia de esta afirmación abruma.

¿Esta modificación da respuesta a los errores y omisiones de la Ley de la Carrera Militar? Ley que recordemos generó miles de recursos, agravios, malestar y sobre todo una enorme frustración entre el colectivo más perjudicado de cuantos componen las FAS, LOS SUBOFICIALES. La respuesta es bien sencilla, ha generado más incertidumbre y malestar.

En todo caso son los Sres. Diputados los responsables de legislar. De que se respeten principios fundamentales como el de justicia o de seguridad jurídica.

El principal escollo es que desconocen las particularidades de la vida militar, nuestros problemas, nuestros agravios, nuestro trabajo. Este absoluto y generalizado desconocimiento, que comparten muchos altos cargos civiles y algún militar del propio Ministerio de Defensa, es en parte por un asesoramiento torticero de un sector del colectivo muy interesado en mantener y aumentar sus prebendas; pero innegablemente, tiene una componente fundamental de dejadez de funciones.

Es el turno del Senado pero como ya vimos en la tramitación de la LODDFFAS poco podemos esperar, no habrá cambios sustanciales en la redacción o los habrá para empeorar la situación lo que hace previsible un nuevo fiasco que deja en la estacada la ilusión y ansia de justicia de un colectivo que no puede hablar, por lo que la seguridad jurídica y los principios de justicia, mérito y capacidad, etc. seguirán ausentes en la FAS.

El Gobierno actual abandona de nuevo al colectivo, dejándolo en peor situación de la que estaba cuando iniciaron la legislatura, pues si bien es cierto que la modificación pretende reparar alguna gran estupidez legislada por sus antecesores, no es menos cierto que han dinamitado la oportunidad y con ella nuestras esperanzas en una legislación de personal justa, que equiparase a los militares con el resto del personal de la Administración, como ciudadanos de pleno derecho.

No es lógico que actividades que son consideradas penosas, tóxicas o peligrosas en el ámbito civil ya no lo sean cuando se ejercen con un uniforme militar y se permitan comparar la situación de reserva o la de retiro con una jubilación anticipada.

Tampoco lo es que, sin compensación alguna, nuestra jornada laboral real pueda llegar a triplicar la de cualquier otro ciudadano español y esta excepcionalidad no sea tenida en cuenta ni por el Ministerio de Defensa ni por el de Hacienda o el de Administraciones Públicas.

La dificultad para llevar a cabo la tan manida conciliación de la vida familiar, personal y profesional y la nula retribución o el descanso proporcional por la realización de guardias y servicios, indiscutibles en otros ámbitos, se justifican por la disponibilidad permanente a la que estamos obligados sin que nadie llegue a sonrojarse.

La ley ha eliminado la promoción interna de los suboficiales, hecho único en la Administración. Nulo reconocimiento de nuestra formación académica o de perfeccionamiento, y desprecio a nuestra trayectoria y experiencia profesional.

Un pésimo y subjetivo sistema de evaluación en el que la suerte o el servilismo tienen más peso que el mérito o la capacidad. Sistema que deja en el camino a suboficiales que sin embargo desarrollaran cometidos del empleo que se les ha negado.

En ausencia de un Estatuto del Militar que trate las particularidades de la profesión, se nos aplica el Estatuto del Empleado Público, pero solo en aquello que nos perjudica.

Trienios, régimen disciplinario, bajas laborales, vacaciones y permisos, movilidad geográfica, cometidos por empleos, ascensos, cobertura sanitaria y social, etc. Son tantos los problemas a solucionar que abruman a cualquiera, pero es obligatorio resaltar que la inmensa mayoría se podrían haber solucionado con una aplicación y desarrollo sensato de la ley; solo sentido común y respeto al subordinado.

Y ahora conocemos la Memoria Informe del Observatorio de la Defensa con lo que la esperanza de un órgano independiente que asesore al legislador se ha esfumado.

El apoyo económico, de personal, material e instalaciones, así como de asesoramiento y fuente de información que ha supuesto el Ministerio de Defensa, hace de este Organismo una fuente nada objetiva en la consideración de determinados aspectos como pueden ser las consecuencias de la Ley de la Carrera Militar o la situación actual del personal militar en general y del suboficial en particular.

Solo haciendo propio el punto de vista del Ministerio de Defensa puede entenderse que la memoria informe año 2014 de por cierto que “El nuevo modelo establecido en la Ley, tras más de seis años en vigor, se puede considerar que está consolidado sin que, como consecuencia de su aplicación, se haya visto afectada la operatividad de las Fuerzas Armadas.

Si por consolidado se entiende la negativa del Ministerio a abordar ninguno de los agravios perpetrados contra los suboficiales por todas las leyes de personal y normativa, se puede aceptar ya que el militar no tiene forma de alzar la voz; pero que no cuestionen cómo con un presupuesto de Defensa cada vez mas exiguo se mantiene la operatividad si no es a costa de recortar dinero y derechos de todos y cada uno de los militares es para dudar de la capacidad del Observatorio.

¿Cómo es posible dar por consolidada la ley más recurrida y parcheada de la historia de las FAS?

Pero lo que evidencia la influencia del Ministerio en un Órgano que debería ser independiente, es el criterio más doloso por falaz, “Cualquier medida que se adopte, aplicada con carácter general o especifico a un cuerpo, escala o empleo determinado, puede generar efectos no deseados en otro personal.

Es un axioma originado y difundido en la Subsecretaria para evitar entrar en la reparación de agravios sufridos por los suboficiales, y que después ha servido como fundamento para evitar cualquier tema. No importa obviar los principios de justicia o equidad o lo palpable de las reclamaciones. Curiosamente, con este razonamiento no se hubiesen publicado ninguna de las leyes de personal o incluso la mayor parte de la legislación o la normativa mas reciente.

A pesar de todo, los miles de mujeres y hombres que formamos parte de las Fuerzas Armadas –que hemos demostrado sobradamente nuestra preparación, entrega y sacrificio en todo tipo de situaciones y escenarios– seguiremos obligados a entregar nuestras vidas si fuese necesario, y a cambio no nos merecemos pasar otros veinticinco años sometidos a leyes y normas “acomplejadas” que permitan la arbitrariedad o la injusticia.

Está en sus manos corregir estos abusos.

Pedro Amador Romero

Presidente de ASFAS