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Crónica del ninguneo

Cuando todavía resuenan los ecos de la entrega y profesionalidad demostrada por los militares de la Brigada Galicia VII durante el ataque al centro de adiestramiento de Kuolikuoro en Malí, y de su aprovechamiento mediático por parte del Ministerio de Defensa, entramos en periodo electoral y su correspondiente mercadeo… Sin embargo, no hay dinero para los militares.

El gobierno actual, de igual manera que el anterior, prosigue con la equiparación salarial de policías y guardias civiles con los miembros de las policías autonómicas, agrandando todavía más la brecha retributiva con los componentes de las Fuerzas Armadas, y aprobando, además, medidas de mejoras retributivas y profesionales para otros colectivos, como la anunciada el viernes pasado para el personal laboral de la Administración General del Estado.

A pesar de este anuncio, y de unos cuantos más que demuestran lo contrario, la ministra de Defensa y su equipo dicen que no hay dinero para pagar a los militares y, por tanto, no se modificará el Reglamento de retribuciones de las Fuerzas Armadas. Por consiguiente, solo nos queda pensar que debe estar totalmente convencida de que somos justamente retribuidos con su cariño y la satisfacción del deber cumplido. El desprecio hacia la profesión militar es tan evidente que cabe imaginar que nuestros gobernantes creen que los militares no tenemos derecho al voto o que nuestra vida familiar y nuestro futuro profesional nos importan un comino.

Con la certeza de que tocará volver a comenzar desde cero a partir del mes de mayo hemos asistido, no sin cierta perplejidad, al desmantelamiento del Observatorio de la Vida Militar y a la neutralización efectiva de un Consejo de Personal que solo ha servido durante estos nueve meses para aprobar unas medidas de conciliación de dudosa aplicación, especialmente por los ardides de los Cuarteles Generales, y, como suele suceder con todo lo relacionado con la milicia, tampoco habrá dinero para su implantación.

Además de las retribuciones, para los suboficiales hay otros problemas. Por cuarto año consecutivo continúa el flagrante incumplimiento de la Ley de la carrera militar (modificada por la Ley 46/2015, de 14 de octubre)1 y sigue sin modificarse el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza en las Fuerzas Armadas, que impide o limita al máximo la promoción interna del suboficial2.

Mientras se ningunea a los suboficiales, y en cumplimiento de esa misma Ley, se han aumentando muy significativamente las plazas de acceso a la permanencia para los militares de complemento, lo que supone adquirir la condición de oficial militar de carrera por la ley del mínimo esfuerzo. Esto choca frontalmente con la igualdad efectiva que preconiza el Gobierno de la Nación, porque se exigen a los suboficiales unas condiciones muy distintas e inasumibles para poder optar a la misma consideración de militar de carrera de la categoría de oficial. En este caso particular, ya no hablamos de dinero, sino de la falta de voluntad obligada y necesaria para cumplir con los preceptos del articulado de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas y de la propia Constitución Española, propiciando la justicia y evitando la arbitrariedad.

Para finalizar esta crónica del menosprecio hay que destacar el constante deterioro de la Escala de Suboficiales, muy necesitada de medidas urgentes que la hagan atractiva tanto para militares como civiles. La situación actual es desalentadora, con la figura del sargento sometida a un caprichoso e ineficaz plan de formación, bajas retribuciones, escaso reconocimiento y mínimas expectativas profesionales y la del Suboficial Mayor, aquejada por un número insostenible de renuncias.

Con la cada vez más elevada oferta de plazas de permanencia y de acceso a otros cuerpos de la Administración y Fuerzas de Seguridad del Estado para la tropa y marinería, ¿cuántos soldados o marineros van a preferir cursar tres años de academia pudiendo optar a las plazas reservadas para el ingreso en la Guardia Civil o en el Cuerpo Nacional de Policía y cobrar, tras solo nueve meses de formación, 600 € más que un sargento de las Fuerzas Armadas? De la misma forma pensarán los que aspiren a las plazas para la permanencia, ya que tras la superación de un examen y sin periodo formativo alguno accederán a la condición de militar de carrera y la diferencia retributiva con el sargento no será ni mucho menos significativa.

En estas circunstancias, la ratio de aspirantes a la escala está bajando peligrosamente sin que el Ministerio de Defensa o los Cuarteles Generales hayan tomado medida alguna para evitarlo, porque se niegan sistemáticamente a revisar los planes de estudios para que se puedan adquirir mayores titulaciones del sistema educativo general tras el periodo académico o durante la carrera profesional de los suboficiales. Igualmente, el imparable envejecimiento de la escala se ve agravado por la falta de promoción y el retraso de la edad de pase a la reserva. Si nadie lo remedia, que parece que no, estamos ante el colapso a corto plazo de la Escala de Suboficiales, permitido o fomentado por los mismos responsables que se han fijado como objetivo el rejuvenecimiento de las Escalas de Oficiales y de Tropa y Marinería.

Tras todo lo expuesto, la situación actual de la carrera profesional de los suboficiales es injustificable y el inmovilismo recalcitrante de las autoridades civiles y militares del Ministerio de Defensa no puede mantenerse en el tiempo, porque no es aceptable que nuestro colectivo sea el único de todos los servidores públicos cuyos derechos y expectativas de carrera hayan retrocedido siempre con la aprobación de cada nueva ley de personal desde el año 1989.

1 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11073

2 No podemos olvidar algo elemental y principio básico de un Estado de Derecho: el exacto cumplimiento de las leyes vigentes. Sin ese cumplimiento no existe la seguridad jurídica y los ciudadanos, en este caso los suboficiales, estaremos sometidos a la injusticia y la arbitrariedad. Porque un Estado de Derecho es aquel en el que todos los poderes que conforman el estado se encuentran sometidos a la autoridad de las leyes vigentes. Cuando las autoridades o funcionarios tienen un sentido patrimonial de la Administración a la que sirven, considerando las garantías legales como meros obstáculos a salvar, se fomenta la confusión y el desconcierto y se crean complicaciones excesivas para el adecuado ejercicio de los derechos de los administrados.

Fuente: ASFASPRO