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DE FALACIAS Y MILITARES

En primer lugar, hay que significar que en ASFAS –la primera asociación de suboficiales constituida al amparo del artículo 22 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 1/2002– , hemos cumplido escrupulosamente la legislación vigente o el mandato de la Ley orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, respetando la debida neutralidad política y sindical y la defensa de la Constitución y los valores democráticos.

Por este motivo, ya que otros no pueden decir lo mismo, nos oponemos frontalmente a la estigmatización sistemática, sibilina e injustificada de todo el colectivo de militares profesionales. Sobre todo, cuando algunas de las propuestas que se han dado a conocer en las últimas semanas, como la “Comisión de investigación sobre la extrema derecha en las Fuerzas Armadas” aprobada por la mesa del Congreso, vienen firmadas, en parte, por actores políticos que incumplen reiteradamente la Constitución Española y la legislación vigente, han promovido intentos de golpes de estado, han apoyado el terrorismo –que ha dejado cientos de muertos entre los miembros de las Fuerzas Armadas y la propia sociedad civil– o todavía defienden y también apoyan abiertamente a grupos radicales de extrema izquierda o a regímenes totalitarios y a sus dirigentes, como se desprende de muchas de sus intervenciones públicas.

Por lo tanto, este intento de señalamiento y estigmatización de los militares en general es inadmisible y, además, lecciones de valores democráticos o constitucionales, las justas. Porque los militares profesionales, como colectivo de servidores públicos, conocemos, respetamos y cumplimos fielmente la Constitución, la LODD (ley orgánica de derechos y deberes) o la normativa específica que nos afecta profesionalmente, además de realizar con entrega y lealtad las misiones encomendadas en todo tipo de escenarios y situaciones, como ha quedado demostrado durante toda la pandemia que nos afecta, en multitud de catástrofes, en zona de operaciones, en nuestro entrenamiento diario y allí donde se nos ha requerido o enviado.

En consecuencia, una vez que por intereses que nos son ajenos se está dañando o se pretende dañar la imagen social del colectivo militar (al que en parte nos honramos en representar y, por tanto, estamos legitimados para su defensa), sembrando indiscriminadamente ante la sociedad y los medios de comunicación la sospecha o la velada acusación de ser mayoritariamente de extrema derecha, no nos queda más remedio que rechazar cualquier propuesta que pueda contribuir a la exclusión social del militar o a esa estigmatización que estamos denunciando.

En otro orden de cosas, debemos decir con mucha claridad y la voz muy alta, que a la vista de los actos y acontecimientos que cotidianamente estamos viendo en los medios de comunicación casi todos los días, las acciones violentas o los delitos contra los intereses públicos y privados son en su mayor parte cometidos por ciudadanos radicales de extrema izquierda, que destrozan las calles de nuestras ciudades e incluso alteran el orden y el derecho a la educación en las universidades y centros de enseñanza.

  • ¿Por qué entonces no es urgente el fomento de los valores y los principios constitucionales en las distintas universidades o institutos y sí en los centros de enseñanza militar, como se desprende de la Instrucción 02/2021 de 11 de enero, de la Subsecretaria de Defensa?
  • ¿Por qué solo le preocupa al Congreso de los Diputados la posible penetración de la extrema derecha en las Fuerzas Armadas y no la de estos elementos radicales de extrema izquierda?
  • ¿Por qué no le preocupa al Congreso de los Diputados que las ideologías extremistas hayan penetrado en los demás colectivos de servidores públicos?

Nuestra asociación está en contra de todo tipo de extremismos que rompan la necesaria concordia o la convivencia entre los ciudadanos, pero no se entiende que la necesidad de educación en valores democráticos se circunscriba exclusivamente a las Fuerzas Armadas. Es ilógico y contraproducente, porque la realidad de los hechos pone los focos muy alejados de nuestra institución.

Por otra parte, es injusto que, al mismo tiempo que sufrimos la evidente y reconocida marginación retributiva y de nuestra carrera profesional, tengamos que soportar los ataques e insultos infundados dirigidos claramente a denigrarnos, provocando, además, indefensión, ya que la respuesta de los principales responsables del Ministerio de Defensa es apoyar, como han hecho los dos partidos que sustentan al gobierno, iniciativas como la que aprobó la mesa del Congreso, que es en sí misma un linchamiento mediático y social totalmente injustificado y desproporcionado. A las pruebas nos remitimos.

Para finalizar, creemos que no hace falta recordar que en un estado de derecho TODOS DEBEMOS CUMPLIR LA LEY y que, desde hace semanas, meses ya, se está señalando injustificadamente a los miembros de las Fuerzas Armadas por acciones individuales que, en todo caso, si fuesen punibles, estarán sujetas a lo que dictaminen los Tribunales de Justicia.

Nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra profesión y del colectivo al que pertenecemos y trabajaremos profusamente para que nadie la ensucie gratuitamente con falacias, mentiras, manipulaciones o acusaciones sin fundamento alguno.

A España Servir Hasta Morir