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NUEVA FALTA DE RESPETO A LOS SUBOFICIALES

El Grupo Popular ha pasado de erigirse en portavoz de nuestras reivindicaciones en la pasada legislatura, a ser el protagonista de otra vuelta de tuerca a nuestros derechos y expectativas manteniendo aspectos de la ley y su régimen transitorio perjudiciales para nuestra escala.

La subcomisión de Defensa del Congreso ha emitido la propuesta de dictamen sobre la modificación del régimen transitorio de la ley de la carrera militar. Con más de dos años de retraso y tras un año de trabajo en la subcomisión, en solitario, en pleno uso de su mayoría absoluta, siguiendo la línea de legislaturas anteriores, deciden sostenella y no enmendalla, desoyendo a los afectados, a los demás grupos de la Cámara e incluso a algún diputado de su propio grupo.

Tampoco el Grupo Socialista, bajo cuyo gobierno se aprobó la nefasta Ley de la carrera militar, puede mirar ahora para otro lado esperando obtener rédito político de la angustia de miles de profesionales que no pueden defenderse. Los suboficiales no nos merecemos semejante manera de actuar, aunque ya no nos sorprende nada.

Es cierto que queda por delante todavía un proceso de tramitación legislativa donde se pueden introducir cambios, pero si los miembros de la subcomisión durante un año no han sido capaces de abordar en profundidad ninguno de los principales problemas que acucian a la escala de suboficiales, ¿quién puede esperar que se haga durante ese proceso?. Solo hay que leer el borrador de la propuesta que se hizo pública hace dos meses para comprobar que parece salido desde las posturas más recalcitrantes del Ministerio, para percibir las habilidades escapistas del redactor. Se mencionan todas y cada una de las excusas estereotipadas que la Administración ha expuesto a lo largo del tiempo para justificar la inacción.

Los suboficiales no nos merecemos este trato. Toda la legislación que se ha presentado como una modernización necesaria para salvaguardar los intereses profesionales de los militares fracasa estrepitosamente, con un Consejo de Personal anquilosado, un Observatorio de la Defensa que plantea desconfianza desde sus inicios y una ley con menos derechos y más deberes que tiene como principal objetivo amordazar a las asociaciones profesionales.

¿Es posible que la única salida a la que nos empujan unos y otros sea exigir a la Administración la libertad política y sindical?. No sirven razones o actitudes leales ya que siendo militares y por tanto con derechos constitucionales recortados, somos presa fácil para la injusticia. Acciones de naturaleza sindical como la negociación colectiva, las medidas de conflicto colectivo o el ejercicio del derecho de huelga nos permitirían negociar en igualdad de condiciones y evitar los abusos que la Administración comete con nosotros.

PEDRO AMADOR